Ernesto Amezquita Camacho.
Por: Ernesto Amezquita Camacho
La que debería llamarse, el manejo de la política pública exterior del actual gobierno, amerita un serio análisis, ante todo porque nos involucra a todos los nacionales, y lamentablemente, las actuaciones malas o buenas del Ejecutivo, su cancillería y sus misiones diplomáticas, nos afectan a todos, sobre todo a quienes se encuentran en condición de migrantes voluntarios o forzados en muchos casos.
Nuestra constitución nacional, ordena en su artículo 9°, que “las relaciones exteriores del estado, se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento a los principios del Derecho Internacional, y la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe”.
Por haber tenido el suscrito la condición de asilado por largos años, puedo decir, que cada vez que nuestros gobiernos generan guerras políticas con otros Estados, los más afectados son los colombianos de a pie, lo cual parece que no le importa al gobierno central, pues las autoridades del otro país, arremeten xenofóbicamente contra nuestros compatriotas que allí residen, complicando los accesos fronterizos, impidiendo la salida o entrada de connacionales, de los bienes que estos posean o porten, invalidando documentos, reteniendo y destrozando pasaportes y cédulas de identidad, reduciendo los salarios, impidiendo las remesas, facilitando y/o forzando la trata de personas, el comercio ilícito y muchas otras tropelías.
En segundo lugar, ha sido torpe y burda la intervención de funcionarios colombianos en la política y asuntos internos de otros países, violando tratados y convenios internacionales y así mismo nuestra propia constitución, tal como sucedió con la reciente intromision diplomática en las elecciones de EEUU, la cual pudo haber traído peores consecuencias de toda índole, así como la presencia del Fiscal General de Colombia en vísperas electorales del Ecuador, y la constante agresión verbal del Ejecutivo al Gobierno que eligieron los Venezolanos.
La situación preocupa aún más, con la misión diplomática en Haití, estando en entredicho su investigación, a raíz de la presencia hasta ahora de 18 Colombianos armados en ese pais, e informan que exigen que se les visite tres veces a la semana por parte del cónsul Colombiano, lo cual extraña ésta actitud que ojalá practicaran con los Colombianos privados de libertad en el resto de cárceles del mundo, pues cuando hemos visitados cárceles internacionales en defensa de poderdantes, sabemos que pasan meses y a veces años sin que los apoderados contratados en las misiones consulares para tal fin, se acerquen por allí .
Otro tanto ocurre con el derecho a la repatriación, que en este país casi nunca opera, y la que consiste en que cuando una persona es condenada en el exterior, le sea posible venir a cumplir parte de su condena en las cárceles nacionales.
Lo mismo ocurre con las solicitudes de extradición de quienes han delinquido en el país y luego salen al exterior evadiendo la acción de la justicia, como en el caso del mercenario Yair Klein donde nos preguntamos
qué pasó con esta clase de solicitudes de extradición?, en dónde queda el principio de la reciprocidad del Derecho Internacional?
En concordancia, llama la atención la expulsión del País, de quien ejercía el Derecho a la Información,Rebecca Sprosser ¿cómo se puede actuar con un doble discurso?
En otras palabras, cómo quedamos ante la comunidad Internacional, si no tenemos autoridad ni siquiera moral para reclamar lo que no respetamos?
Atónitos seguimos los demócratas, al observar como pretenden deslegitimar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de paso, todo el Sistema Interamericano y la Carta de Derechos Humanos de la OEA.
En conclusión, Colombia necesita toda una catarsis y reconvención de las políticas del estado, en el plano de su normatividad interior y exterior.
(Esta columna es de estricta responsabilidad del autor y no representa la opinión de este portal).
